Dispersión del patrimonio documental venezolano (III): ¡Hasta México llegó el desparrame!
Hacia junio de 1895 el general Manuel
Landaeta Rosales[1]
(1847-1920) publica en un diario de la capital venezolana una relación de los
diversos fondos documentales que existían en el Archivo del Registro Público
para entonces: entre los 30 fondos identificados por el erudito investigador y
compilador se cuenta el de Reales Cédulas[2]:
instrumentos jurídicos producidos por los monarcas españoles que, según García
Chuecos, fueron la base fundamental del Derecho de Indias y que tuvieron como
objeto modificar, ampliar, restringir o extinguir legislación precedente y
hasta crear nueva[3].
Con la relación de Landaeta Rosales quedó
de manifiesto que fueron muchos los papeles de la época colonial que los
primeros Archiveros Nacionales almacenaron; sin embargo, es también cierto que
mucha de la producción y recepción documental del periodo indiano y
grancolombiano o no se guardó o no se hizo de la forma correcta, como hemos
reseñado en las dos entradas anteriores con el encabezado “Dispersión del
Patrimonio Documental…”. En la que signamos con el numero II discurrimos sobre
el rescate que el Gral. Pedro Arismendi Brito realizó de varios tomos y legajos
de manuscritos en una pulpería de Caracas en la que se encontraban dispuestos para
envolver mercaderías, entre ellos seis Cedularios organizados a finales de 1733
por orden del regidor Pedro Arias Altamirano. Si bien fue afortunado el
hallazgo y salvamento de aquellos Cedularios junto a otros 21 libros
manuscritos que contenían parte de la memoria colectiva venezolana del periodo
colonial, surgió la hipótesis de que entre ellos faltaban dos de los cedularios
organizados en el siglo XVIII, fundado en la seis veces repetida declaración de
que el índice de toda la colección se encontraría en el libro o tomo n° 8.
Esta hipótesis quedó parcialmente
demostrada cuando en abril de 1948 se hizo conocer al entonces director del
Archivo General de la Nación, el ya mencionado Héctor García Chuecos, que en
Ciudad de México se hallaba un tomo manuscrito de Reales Cédulas dirigidas al
Capitán General de Venezuela entre 1715 y 1720, y que por ser de interés a esta
nación se le ofrecía en venta. ¿Cómo llegó a México un Real Cedulario
organizado en 1733 en Caracas con documentación dirigida a las autoridades de
Venezuela? Hallado en la biblioteca del ya
entonces difunto político y empresario venezolano Vicente Betancourt Aramburu,
la primera presunción es que este lo hubiese traslado a tierras aztecas
sacándolo del sitio donde se guardaba en Venezuela; pero esta natural presunción
de ninguna forma descartada otras posibilidades: como que fuera por él
adquirido de manos del incógnito pulpero de Caracas que vendió el resto de la
colección al Gral. Arismendi Brito, o hasta que fuera comprado a algún librero
o coleccionista en el propio suelo mexicano. Sea como fuere, el caso es que el
Dr. García Chuecos hiso entender a la ofertante y a su apoderado que ellos solo
eran simples tenedores de aquel libro con manuscritos del siglo XVIII, pues su
legítimo propietario era la Nación venezolana[4]. Luego
de casi un año de conversaciones, las razones expuestas fueron finalmente
aceptadas y se concluyó un acuerdo que le otorgaba a la ofertante Bs. 1.000
como indemnización por la conservación del interesante libro. Una vez retornado
a Venezuela, y habiendo recibido el tratamiento archivístico que correspondía
según los parámetros de la época, fue asignado a la sección segunda del fondo
“Reales Cédulas” del Archivo General de la Nación con la identificación “Tomo
VII Bis” para mantener la continuidad cronológica de la colección que se había
organizado en 1942.
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| Tomo VII-bis de la sección segunda del sub-fondo "Reales Cédulas" del fondo Archivo General de la Nación, localizado en México en 1948. |
En la narración que de estos hechos hace
el Dr. García Chuecos[5] se
cuida siempre de
señalar que tanto este como los 27 legajos y libros
manuscritos que se rescataron de la anónima pulpería de Caracas debieron pertenecer a los Archivos
Nacionales, pero sin sentenciar que en efecto pertenecieron, pues de la labor
de los primeros archiveros del Registro Público no quedó ninguna relación
(listado, índice, catálogo, etc.) que permitiese corroborar cuales y cuantos
fueron los libros, legajos y papeles sueltos que almacenaron a los largo de 76
años que duró la responsabilidad que tuvieron para con aquellos documentos,
algunos de los cuales aun conservaban sus valores primarios. El cumulo
documental que en 1912 se entregó al recién creado Archivo Nacional (hoy
Archivo General de la Nación) no contaba
ni siquiera con un sello que indicara que dichos papeles pasaron por las manos aquellos
funcionarios. Todo apunta a que el trabajo en el Archivo Nacional del Registro
Público se realizaba sin orden ni concierto, sin el más mínimo reconocimiento
de que aquellos documentos eran trascendentales para la administración, la
cultura y la identidad nacional; antes bien eran tratados como casi
innecesarios. Lo antes expuesto se confirma con lo señalado por Vicente Lecuna
refiriéndose a uno de los muchos grupos de papeles que se apilaron: “Durante el periodo de 1870 a 1883 llevóse a
cabo una remoción[6] en el archivo nacional y las piezas
relativas a la guerra de independencia fueron puestas sin orden alguno en
legajos titulados “Capitanía general”. La catalogación de documentos no se
comenzó [sino] hasta 1913…”[7].
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| Folio mecanografiado insertado al Tomo VII-bis a manera de Advertencia |
La existencia en el México
de mediados del siglo XX de un libro manuscrito producido en Venezuela durante
el siglo XVIII por las autoridades locales evidencia, una vez más, la vulnerabilidad
del patrimonio documental cuando no existen políticas, prácticas y metodologías
que contribuyan a su preservación, más aún cuando no hay conciencia clara del
valor de estos documentos para la investigación científica y la construcción de
la memoria.
[1] Militar, investigador, biógrafo, cronista y escritor que, además,
ocupó variados y disimiles cargos en la función pública. Destacaremos de su biografía
su relación con el patrimonio documental de la nación, ya que desde 1889, se
dedicó a una vasta tarea de compilación de documentos y recopilación de datos,
de lo que resultó la publicación de 17 libros (entre ellos la Gran recopilación
geográfica, estadística e histórica de Venezuela (noviembre. 1889-mayo 1890), 74
folletos y más de 350 artículos sobre los más variados temas de historia de
Venezuela. Recolector de datos para el Anuario Estadístico (1891), compilador
de documentos en los ministerios de Instrucción Pública (enero-mayo 1893) y
Fomento (mayo 1893-mayo 1895), archivero en el Ministerio de Relaciones
Interiores encargado de la Recopilación de las leyes de Venezuela (agosto
1900-diciembre 1902), fue director de la Biblioteca Nacional (julio 1903-agosto
1908). Inspector y corrector de la “Historia Contemporánea de Venezuela” de
Francisco González Guinán (1910-1911). Compilador auxiliar de los Despachos Ejecutivos
(1914) y miembro de la Junta de Inspectores y de Consulta de los Archivos
Nacionales y de la Biblioteca Nacional (1915). Autor de la compilación de “Documentos
relativos a la vida pública del general Joaquín Crespo (3 tomos, 1894-1896), La
historia militar y política del general Joaquín Crespo” (1897) y en colaboración
con Ramón Tello Mendoza editó los “Documentos del general Cipriano Castro” (1903-1908).
Se le llamó con gran respeto y honra “Huésped venerable de los archivos
caraqueños”, “voluminoso índice viviente”, “biblioteca y archivo parlante y
ambulante”. El archivo del general Manuel Landaeta Rosales, incluyendo algunos
manuscritos inéditos, se conserva en la Academia Nacional de la Historia
[2] Manuel Landaeta Rosales: “Los Archivos Públicos de Caracas” en El Diario de Caracas, Año II, N° 522,
del 27 de junio de 1895
[3] García Chuecos, Héctor: Explicaciones
y Advertencias en “Derecho Colonial Venezolano. Índice General de las
Reales Cédulas que se contienen en los fondos documentales de Archivo General
de la Nación”. Archivo General de la Nación, Caracas-1952, pág. X.
[4] García Chuecos;
Héctor: Derecho Colonial Venezolano.
Caracas, Imprenta Nacional, 1952; pág. XII.
[5] Tanto en el folio mecanografiado que al tomo VII-Bis se le insertó, como en las Explicaciones y Advertencias
al Índice General de las Reales Cédulas existentes en los fondos del Archivo
General de la Nación editado como Derecho
Colonial Venezolano citado en la nota anterior.
[6] En la Guía del Archivo
General de la Nación preparada por Herrera-Soto y publicada en 1984 se cita
este texto de Lecuna utilizando aquí la palabra “renovación” sin indicar la
edición de donde se toma. El
texto que hemos consultado, señalado en la referencia siguiente, coloca aquí la
palabra “remoción”. Hasta tanto podamos consultar la primera edición de esta
obra de Lecuna (1917) nos acogemos a la fuente consultada.
[7] Biblioteca Ayacucho: Papeles
de Bolívar publicados por Vicente Lecuna. Editorial-América, Madrid 1920,
tomo I, pág. 7.
Hacia junio de 1895 el general Manuel Landaeta Rosales [1] (1847-1920) publica en un diario de la capital venezolana una relación de lo...